PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

IMPORTE.-

Esta prestación es del 70% de la base por la que se está cotizando en el Régimen de Autónomos, es decir, de unos 660 euros mensuales para los autónomos que cotizan por la base mínima. 

Inicialmente está limitada a un mes, pero si se amplía la vigencia del estado de alarma, se extenderá desde su aprobación hasta el último día del mes en que termine el estado de alarma. 

COTIZACIÓN.-

No es necesario darse de baja pues, una vez concedida la prestación, la mutua se hace cargo de la cotización. En todo caso, si no hay cambios, el recibo de marzo llegará completo y con el abril aún no se sabe qué pasará.

REQUISITOS PARA LOS AUTÓNOMOS OBLIGADOS A CERRAR POR DECRETO.-

Los autónomos que realizan actividades a las que se les ha prohibido abrir, tienen derecho a esta prestación desde el día 14 de marzo de 2020. 

En principio, se podrá tramitar a partir del día 23/03/2020.

REQUISITOS AUTÓNOMOS OBLIGADOS A CERRAR POR DESCENSO EN LA FACTURACIÓN.-

Los autónomos con actividades que no están obligados a cerrar por decreto tendrán derecho a la ayuda si su facturación, del mes anterior al de la solicitud de la prestación, se ha visto reducida en más de un 75% del promedio de facturación del semestre anterior. 

Es decir, si la solicitud se presenta a partir del día 15 de abril, que es la fecha provisionalmente establecida para ello en estos casos, la facturación del último mes (15/03/2020 a 14/04/2020) ha de ser menos del 25% de la media de facturación del semestre anterior (15/09/2019 a 14/03/2020).

En qué consiste el cese de Actividad del trabajador autónomo y la solicitud de prestación extraordinaria motivada por las medidas adoptadas por el COVID-19

A día de hoy, y a falta de que se aprueben medidas más contundentes para el colectivo de autónomos, esto es lo que podemos informarles:

El art. 17 del R.D.-Ley 8/2020, página 22, regula la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A continuación reproducimos el citado art. 17, en el que hemos resaltado y comentado aquellos aspectos más importantes a tener en cuenta:

Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.

6. La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Según este artículo corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 98.1.

Cada mutua está elaborando su proceso y modelo para la solicitud y gestión de estas suspensiones, por lo que a medida que tengamos el formulario iremos tramitando el cese. 

Agradeceríamos que nos envíen un email o bien por whatsApp, quien necesite que le realicemos el trámite.

A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de aplicación a la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social.

Esperamos haber resuelto muchas de las dudas que nos han ido llegando a lo largo de estos días. Queremos aprovechar esta comunicación también para enviar nuestro más sincero apoyo a todos nuestros clientes que sin duda está pasando momentos de agobio, bajo condiciones difíciles y extraordinarias.

Transmitir calma a nuestros CLIENTES. Los plazos para tomar decisiones son largos, es preferible pensar y meditar bien los pros y contras de nuestras decisiones. HAY TIEMPO.

Solo nos queda pedir disculpas por las demoras en tiempos de contestación, estamos trabajando al 150%,  para conseguir ofrecer el mejor servicio y sobre todo, SER DE AYUDA.

Muchas gracias por su confianza

FLEXIBILIZACIÓN EN LOS APLAZAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

1.Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

2. Deudas tributarias cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

❑ La deuda tributaria a aplazar (junto con las que ya se encontraran en esta situación) ha de ser inferior a 30.000 €.

❑ Esta posibilidad de aplazamiento alcanza también a autoliquidaciones de retenciones, de IVA y de pagos fraccionados de IS.

❑ Se exige que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad al 18/03.

‐ Se regula la suspensión de plazos en el ámbito tributario, flexibilizándose los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento y los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS.

‐ ¿Qué plazos se amplían?

• Los plazos de pago de la deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo (art. 62. 2 y 5 LGT).

• Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.

• Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y

104 bis del RGR), y

• Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o

¿Hasta cuando?

• Hasta el 30 de abril, cuando se trate de plazos que estén vigentes el día 18/3, es decir, que no hayan

concluidos en dicha fecha.

P.E.: Plazo voluntario de ingresos de una liquidación tributaria iniciado antes del 18/03 pero que vence

entre el 18/3 y el 30/04, en este caso, el plazo del pago en PV se extiende hasta el 30 de abril.

De la misma forma, lo sería un requerimiento de información recibido antes de 18/3 y cuyo plazo de

atención concluye entre dicha fecha y el 30 de abril.

• Hasta el 20 de mayo, para aquellos plazos que se comuniquen a partir del 18/3, salvo que el

otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

No obstante, se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de

información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones (artículo 33.3).

Estas ampliaciones se aplicarán DE OFICIO, es decir, por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente no agotar los plazos.

de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación

SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE PLAZOS.

‐ El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará:

• A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos (PI, PVD y PCL), sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT (si bien esta puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante el referido período) (33.5).

• A efectos de los plazos de prescripción de los derechos de la Administración y del obligado tributario (art. 66 LGT), ni a efectos de los plazos de caducidad (33.6).

PROCEDIMIENTO APREMIO:

‐ Desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el seno del procedimiento administrativo de apremio, cualquiera que sea la causa de la constitución de la garantía.

❑ RECURSO DE REPOSICIÓN Y REAs.

‐ En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción (art. 66 LGT), notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

‐ El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación de dichos actos, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.  

❑ CATASTRO:

‐ Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020.

‐ Tendrán hasta el 20 de mayo de 2020 para ser atendidos, los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la  dirección General del Catastro, excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable.

❑ ITPAJD:

‐ Se declaran exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad AJD las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del real decreto-ley .

❑ CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PRÓXIMA CADUCIDAD:

‐ En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-

Quan es podrà demanar?

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col•laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Com es decidirà l'import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

L'ajut serà en un únic pagament?

Si, l’ajut será d’un màxim de 2.000 euros.

COMUNICACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Et comuniquem que arran de la publicació del RD 463/2020, pel que es declara l’estat de alarma, l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Pública) ha penjat al seu WEB el següents avisos:

TANCAMENT DE LES OFICINES PER A LA ATENCIÓ PRESENCIAL

“Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL debido al estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, cuya Disposición Adicional Tercera establece la SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINSTRATIVOS. 

No se preocupe si tiene algún trámite pendiente. 

La Agencia Tributaria es consciente de esta situación.

Además, se está tramitando una norma legal tributaria con la ampliación de los plazos para realizar trámites.

Si tiene cita pendiente, podrá obtener más adelante una nueva cita

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.

A este respecto la Administración Tributaria (a fecha de hoy) no ha dejado entrever posibilidad alguna de aplazar los plazos del cumplimiento de estas obligaciones.

Para cualquier información adicional puede acceder a:

www.agenciatributaria.es 

También puede llamar a los teléfonos: 901 33 55 33 y 91 554 87 70 

DISCULPE LAS MOLESTIAS

SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS I DELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT

El 14 de marzo se publicó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece:

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.”

Des d’Arenys Consulting estem preparant els Expedients de Regulació Temporal de les Empreses us anirem trucant un a un per informar de tot el procediment. 

Estigueu tranquils 

El nuevo gobierno ha hecho público un documento que recoge las medidas que tiene previsto implantar durante la legislatura. Apunte. Vea, en materia laboral, las medidas más destacadas:

• Está previsto que se derogue el despido objetivo por faltas de asistencia de un trabajador aunque dichas ausencias estén justificadas. ¡Atención! Recuerde que hace unas semanas el Tribunal Constitucional consideró que este tipo de despido es válido.

• Parece que se derogará la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Apunte. Actualmente, en determinadas materias tasadas en la ley (como la cuantía del salario, por ejemplo), las condiciones de trabajo de un convenio de empresa se deben aplicar aunque su regulación sea menos favorable que la del convenio del sector.

• El documento indica que se limitará la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.

• También está previsto que se revise el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, de modo que sólo pueda utilizarse el descuelgue salarial si se acreditan causas económicas graves.

•  Se reforzará el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento. Apunte. Lo que se persigue es que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo.

• Habrá cambios en la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento.

• Se revisarán las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Pulse aquí para acceder al texto íntegro del documento.

Se podra extingir el contrato cúando...

    Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen 

    el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de

    faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de

    las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo

    de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio

de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Esta modalidad de despido objetivo se convirtió en una de las cuestiones más polémicas de la reforma laboral de 2012; tanto que la redacción que tenía en el Real Decreto-ley 3/2012, , fue modificada, como consecuencia de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

En consecuencia, y como puede verse, las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, permiten acudir a esta modalidad de despido, pero siempre que se cumplan determinadas condiciones. Así, dichas faltas de asistencia tienen que alcanzar el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (es decir, unos 9 días), siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles (este requisito ha sido añadido por la Ley 3/2012); o el 25 % en cuatro meses discontinuos (unos 21 días) dentro de un periodo de doce meses.

Pero ese porcentaje de faltas de asistencia no es el único requisito que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar si concurre esta causa de despido, porque el propio Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores establece, como hemos visto, que en el caso de ausencias en dos meses consecutivos, debe cumplirse, además, el dado de que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles.

Es importante saber que la norma establece una serie de criterios para saber qué ausencias del trebajador computan a efectos de este despido y cuáles no.

Así, según la norma, no se tendrán en cuenta como faltas de asistencia, a los efectos de este despido, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de

la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada

por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios

de Salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Por tanto, dentro del porcentaje necesario para que concurra esta causa de despido no puede computarse ninguna ausencia que venga motivada por las circunstancias fijadas en el párrafo anterior, porque, de ser así, el despido podría ser declarado improcedente o, en su caso, nulo.

Según el Tribunal Económico Administrativo Central,  siempre que estos acuses o avisos de recibo electrónicos contengan los datos necesarios requeridos por la normativa reguladora, son válidos 

para para acreditar, respectivamente, la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos.

Resuelve en este sentido el TEAC ante el intento de notificación de una resolución sancionadora,

que iba a ser entregada al interesado en soporte papel a través de un empleado de Correos, en vez

de cumplimentar el tradicional aviso de recibo o tarjeta rosa en soporte papel consignando las incidencias de la entrega, el cartero, debidamente autorizado para ello, reflejó dichas incidencias

en un terminal PDA (computadora de bolsillo con un sistema de reconocimiento de escritura).

En estos dispositivos se recoge la imagen de la firma del destinatario una vez comprobada su identidad.

Los datos consignados en dicho terminal pasan al sistema informático de gestión de entregas de Correos y éste emite un documento electrónico, a disposición de sus clientes, denominado prueba de Entrega electrónica por el que se certifica la entrega o la imposibilidad de entrega del envío y en el que se hacen constar las incidencias de la notificación. Dicha Prueba de Entrega Electrónica sustituye la impresión de los avisos de recibo por una transacción íntegramente electrónica.

El TEAC corrige al Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucia  cuando este entiende que 

"en el expediente remitido por la Dirección General de Tráfico, consta únicamente un certificado en el que se indica que la resolución sancionadora no pudo ser notificada personalmente, pero no se acompaña el acuse de recibo acreditativo de dichos intentos de notificación personal...".

A lo que el recurrente (Director del Departamento de Recaudación de la AEAT) mediante recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que es el que en esta Resolución es solventado,

alega que:

no se trata de que no se haya incluido en el expediente la tarjeta rosa de aviso de recibo y sí un certificado de su contenido, sino que la targeta rosa no ha existido en ningún momento porque ha sido sustituida por un documento electrónico (certificación de entrega o de imposibilidad de entrega) cumplimentado a partir del vuelco de los datos incorporados a los terminales de los empleados de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A. en el momento de la notificación.

Recordando además que el apartado cuarto del artículo 22 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, concerniente a los

principios y requisitos de la prestación del servicio postal universal por el operador designado por el

Estado, Carteroestablece que "(...) La actuación del operador designado gozará de la presunción de

veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, (...); pues además, a partir del Código Seguro de Verificación (CSV) que figura en el pie del documento podrá cotejar el documento generado por Correos y comprobar la integridad del mismo.

Por lo que finalmente concluye, tal y como hemos comenzado la resolución de la consulta planteada:

Los acuses o avisos de recibo electrónicos, denominados también certificados de entrega o

de imposibilidad de entrega, emitidos por la sociedad estatal Correos y Telégrafos, SA, son

válidos  para acreditar, respectivamente, la notificación o los intentos de notificación de los

actos administrativos siempre que contengan los datos necesarios requeridos por la normativa

reguladora.

   Si el administrador es socio y trabajdor, puede percibir diferentes tipos de        retribución por sus servicios y estar sujeto a diferentes tipos de retención...

     Caso general. Si usted es administrador de su empresa y trabaja en ella, percibiendo retribuciones        por ambas ocupaciones, deberá tributar del siguiente modo el IRPF:

• Administrador y gerente. Las retribuciones que perciba por el desempeño del cargo de administrador y por el desarrollo de tareas de gerencia serán "rendimientos del trabajo,              pero no quedaran sometidas al tipo de retención variable aplicable a este tipo de rendimientos, sino a una retención fija del 35%. Si en el ejercicio anterior al pago de los rendimientos su  empresa hubiese tenido una cifra de negocios inferior a 100.000 euros, la retención sería            del 19%.
• Trabajador: Las retribuciones que perciba por trabajos no propios de la gerencia (por ejemplo,  como jefe comercial o de personal) tambien se consideran rentas del trabajo. Pero en este caso   el tipo de retención no será fijo, sino el que derive de la tabla general de retenciones aplicable a       los trabajadores.

• Profesional. No obstante, si la empresa presta servicios profesionales, el socio           administradores quien los presta efectivamente y además cotiza como autónomo (o en una   mutualidad de previsión alternativa), los rendimientos indicados en el segundo punto   anterior se considerarán "rendiminetos de actvidades ecónomicas" (y no del trabajo). En   este caso, el tipo de retención será del 15%.

1. La sociedad deberá desarrollar una actividad calificada como profesional en la sección segunda    de las tarifas del IAE, y el socio deberá trabajar en el día a día de la empresa desarollando efectivamente esa misma actividad professional.
2. El socio deberá estar obligado a cotizar en el Régimen de Áutonomos (o en una mutualidad alternativa) Esto ocurrirá si posee una participación de al menos el 25% del capital (o del 50% junto a familiares hasta el segundo grado con los que conviva).
3. La tributación de las retribuciones por las tareas de administrador y gerente no cambia: seguirán considerándose rendimientos del trabajo sometidos a una retención fija del 35%.

RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA.

-Si la autoliquidación se presenta dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo establecido: Recargo del 5% sin intereses de demora ni sancion

-Si la autoliquidación se presenta dentro de los tres meses y los seis meses siguientes a la finalización del plazo establecido: Recargo del 10% sin intereses de demora ni sancion

-Si la autoliquidación se presenta dentro de los seis meses y los doce meses siguientes a la finalización del plazo establecido: Recargo del 15% sin intereses de demora ni sancion

-Si la autoliquidación se presenta transcurridos doce meses desde la finalización del plazo establecido: Recargo del 20% sin sanción, exigiéndose intereses de demora desde el día siguiente al término de los doce meses siguientes a la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación o declaración hasta el momento en que las mismas se hayan presentado.

Posibilidad de reducción en un 25%, siempre que se ingrese en período voluntario.

Hace unos meses salió la reforma del Artículo 34.8 del Estatuto de los

Trabajadores, llevada a cabo por el Real Decreto-ley6/2019, de 1 de

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación,

y conocida coloquialmente como "jornada a la carta", que hace referencia

a que los trabajadores puede adaptar la jornada a sus necesidades,

especialmente de conciliación de la vida familiar.

En concreto, el apartado 8 del Artículo 34, en vigor desde el 8 de Marzo,

establece:

Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la

duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo

de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a

distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y

laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en

relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades

organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen

derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce

años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se

acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de

discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de

uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación

de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora

durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa,

por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta

alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona

trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso,

se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o

modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o

cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no

hubiese transcurrido el periodo previsto.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin

perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de

acuerdo con lo establecido en el artículo 37.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la

personatrabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del

procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de

octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Pero, como pasa en casi todas las reformas normativas, y más en las referidas

a cuestiones laborales, es necesario que transcurra un tiempo para que los

Juzgados y Tribunales vayan perfilando la aplicación práctica de la norma.

Como era de esperar, esta medida ha generado una alta litigiosidad laboral, y

en estos meses ya ha habido ocasión para que los Juzgados y Tribunales se

pronuncien al respecto.

Eso sí, la mayoría de los pronunciamientos judiciales coinciden en señalar que

las adaptaciones que se soliciten deberán ser razonables y proporcionadas en

relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades

organizativas o productivas de la empresa.

Ello supone, en la práctica, que la empresa debe acreditar y justificar

suficiente y adecuadamente las razones que por las que, en su caso, deniega

la petición del trabajador o trabajadora, pues la inmensa mayoría de las

sentencias que dan la razón a los trabajadores entienden que la empresa no

ha justificado las razones para denegar la petición.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada

modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o

cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no

hubiese transcurrido el periodo previsto.

Hacienda (Administración Tributaria), en la búsqueda de reforzar y

concretar la posibilidad de que los distintos libros registros a cuya

llevanza están obligados los contribuyentes o sujetos pasivos de los

diferentes tributos, sean compatibles ha publicado, la orden por la

que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y de esta forma, que

los libros registros del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas puedan ser compatibles con los requeridos en el Impuesto

sobre el Valor Añadido (IVA).

De lo expuesto hasta el momento, ya podemos sintetizar algunas

novedades que incorpora la norma:

• Se busca compatibilizar u homogeneizar la información que    debenrecoger los libros contables con los de otros impuestos,sobre todo en materia de asientos resúmenescon el IVA .

• La Agencia Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes un formato tipo de libros registros, para asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales registrales y ofrecer seguridad jurídica y certeza en el contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos.

        Y además, resulta novedosa:

• La necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación.

LIBROS REGISTROS/CONTABLES OBLIGATORIOS

·        Estimación Directa Normal Actividades Empresariales (sin caràctermercantil)

-Libro Registro de Ventas e Ingresos.

-Libro Registro de Compras y Gastos.

-Libro Registro de Bienes de Inversión

·        Estimación Directa Simplificada Actividades Empresariales

-Libro Registro de Ventas e Ingresos.

-Libro Registro de Compras y Gastos.

-Libro Registro de Bienes de Inversión

·        Estimación DirectaActividades Profesionales

          -Libro Registro de Ventas e Ingresos.

          -Libro Registro de Compras y Gastos.

          -Libro Registro de Bienes de Inversión

          -Libro Registro de Provisiones de Fondos y suplidos

·        Estimación Objetiva Actividades Empresariales

           -Libro Registro de Ventas e Ingresos. (*)

           -Libro Registro de Bienes de Inversión. (**)

·        Entidades en Régimen de Atribución de Rentas

Únicos libros obligatorios correspondientes a la actividad

realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que

corresponda efectuar en relación con sus socios, herederos,

comuneros o partícipes.

(*)Por aquellas actividades cuyo rendimiento neto se determine       

                 teniendo en cuenta el volumen de operaciones.

           (**) En el caso de que se deduzcan amortizaciones.

La Agencia Tributaria multiplicó por cinco los avisos a los contribuyentes arrendadores en la Campaña de la Renta 2017, hasta alcanzar los 700.000 avisos, y ha aflorado rendimientos inmobiliarios de más de 122.000 declarantes de esta partida en tres años, con un aumento de bases imponibles de más de 1.300 millones de euros.

Así figura en el informe de lucha contra el fraude fiscal referido al ejercicio 2018, que muestra que el año pasado (Campaña de la Renta 2017), hubo un aumento considerable respecto a los dos ejercicios previos los avisos en datos fiscales a los contribuyentes con la consideración de presuntos arrendadores.

Hacienda viene realizando estos avisos en los últimos años al tener conocimiento, por ejemplo, de que determinados contribuyentes han anunciado el alquiler de un inmueble en plataformas de alquiler por Internet. De esta forma, la AEAT ha multiplicado por más de cinco los avisos a este colectivo de contribuyentes, al pasar de los 136.600 avisos en la Renta de 2016 a generar casi 700.000 mensajes en la Renta de 2017, realizada el año pasado.

Asimismo, los datos actualizados sobre el impacto de estas campañas de avisos para aflorar rendimientos inmobiliarios permiten estimar un aumento de más de 122.000 declarantes de esta partida, el 30,8% del incremento total de declarantes de rendimientos de capital inmobiliario desde 2014.

Como consecuencia, se ha registrado una mayor base imponible declarada por importe de 1.346 millones, lo que explicaría el 57,6% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo.

Las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico comenzaron a suministrar desde el pasado mes de enero a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad, como información de los anfitriones y detalles de sus anuncios, que incluyen el nombre y la dirección, y sus transacciones desde 2018, tras la entrada en vigor de la obligación de que compartan los datos de las reservas de los anfitriones.

El Ministerio de Hacienda dio más margen a las plataformas como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba para suministrar los datos fiscales, con una presentación "excepcional" de carácter anual para 2018, pero trimestral para el resto de ejercicios.

Por consiguiente, debe presentarse en relación con las operaciones realizadas en cada trimestre natural, en el plazo comprendido entre el primer y el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre a que se refiera la declaración. 

Esta obligación conllevó la entrada en funcionamiento el modelo 179 de 'Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines turísticos'.

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antigua Fundación Tripartita) lleva desde 2010 vigilando de cerca a las empresas que se dedican a ofrecer la implantación de Protección de Datos a "coste cero" mediante subvenciones para la formación en el trabajo, a través de las cuales financian estos servicios con cargo a los créditos asignados para la formación bonificada.

El procedimiento que utilizan estas empresas fraudulentas consiste en llamar a las empresas pidiendo por el responsable para alertarlo sobre las posibles multas que comporta el incumplimiento del RGPD. A continuación, le ofrecen cursos a cargo de estos fondos y le obsequian con una presunta consultoría en Protección de Datos, que suele ser incompleta o inexistente. Sin embargo, la empresa víctima del fraude no sabe que en realidad están solicitando crédito a la FUNDAE para destinarlo a una formación que no aprovechará.

¿Cómo afecta a las empresas esta práctica fraudulenta?

Esta práctica puede conllevar consecuencias para las empresas que reciban estos servicios fraudulentos:

• Aunque de entrada parece que ofrecen toda la información necesaria para cumplir con la normativa, la mayoría de veces facilitan una serie de cláusulas modelo que el empresario tiene que rellenar y con ello hace que cumpla de forma, pero no de fondo. La protección de datos va más allá, ya que implica crear una cultura de privacidad que comprende desde saber qué datos se tratan en la organización, hasta cómo cumplir con cada una de las garantías y principios que exige la normativa.

•   El hecho de que una empresa se bonifique por una formación que nunca ha recibido puede conllevar la devolución del dinero bonificado, según las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) l y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• También puede conllevar acciones con la Agencia Tributaria, ya que la formación está exenta de IVA, pero no el servicio de consultoría y asesoría.

•   Por otra parte, esta acción constituye un fraude por gestión de fondos públicos, donde se perjudica a todos.

• Hay que tener en cuenta que detrás de un precio bajo encontramos un servicio de consultoría de baja calidad, ya que una buena consultoría requiere un especialista bien formado y experimentado.

Aunque el empresario cree que la consultoría es gratuita, en realidad le han quitado la bonificación para formaciones y, por tanto, no podrá llevar a cabo formaciones para sus empleados.

En este sentido, la FUNDAE puede informar al SEPE si las bonificaciones aplicadas por las empresas tienen la finalidad expresada, que es la realización de acciones formativas y /o permisos individuales de formación a trabajadores.

En octubre del año pasado, la AEPD se reunió con la FUNDAE, SEPE, CNMC, AEAT y IGAE para evaluar, entre otros temas, las implicaciones que puede tener esta mala praxis en ámbitos como la Protección de datos, en materia de defensa de la competencia, en la normativa tributaria y de subvenciones.

Con la nueva LOPD-GDD se han modificado determinados artículos de la Ley de competencia desleal para regular las prácticas agresivas que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento de adaptación a “coste cero” con el fin de limitar los asesoramientos de baja calidad en las empresas.

Un año después de la entrada en vigor de la RGPD y tras la aplicación de la LOPGD-GDD estas prácticas aún se siguen llevando a cabo, desprestigiando el sector y confundiendo el empresario. Ante un caso de este tipo es importante denunciarlo a las entidades correspondientes. 

Pues así es,...., por lo menos así lo entiende el Tribunal Económico

Administrativo Central (TEAC) en su Resolución 03337/2018 de 14 de

mayode 2019; tal y como "reza" el título del presente comentario, el criterio

del TEAC es que si un órgano competente de la Administración tributaria

(Administración Autonómica en este caso) ha comprobado y validado el valor

de un Inmueble a efectos de un determinado tributo, esa valoración previa

tendrá carácter vinculante para el resto de Administraciones competentes

(Inspección de Tributos) en la determinación del valor de ese mismo

inmueble a efectos de otro tributo distinto.

En concreto en esta Resolución, un técnico competente de la Junta de

Castilla León realiza la valoración de unos inmuebles a efectos de la

liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones

Patrimoniales Onerosas y con posterioridad, la Inspección de Tributos en un

procedimiento relacionado con la liquidación del Impuesto sobre Sociedades,

sobre estos mismos inmuebles utiliza valoraciones distintas a las realizadas

previamente por la propia Administración autonómica; evidentemente el

contribuyente "recurre".

Pues bien, el TEAC presenta su criterio estableciendo que:

(...)Siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes adquiridos, comprobado por técnico competente de la Administración Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones patrimoniales Onerosas, vincularía a la Inspección en la determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de determinar en el Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y declarado (...).

O dicho en otros términos:

La valoración de un bien realizada por una Administración tributaria vincula a todos los efectos a las demás Administraciones competentes (en mayor medida si se trata de impuestos estatales como justifica el TEAC).

Para adoptar este criterio, el TEAC se fundamenta en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de enero de 2015 (recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1370/2013), que ya se había pronunciado en esa misma línea Sentencia de 9 de diciembre de 2013, recurso de casación nº 5712/2011, cuando establece que:

(...) La Administración, (...) dentro de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió de soporte para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una concreta realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por su actuación anterior, por lo que el "importe real" de una misma operación es un dato objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza vinculante que le otorga la propia actuación administrativa (...).

El reglamento general de recaudación ha sido modificado, Uno de los artículos afectados es, por lo que nos interesa en este Comentario, el apartado 8 del artículo 46 del RGR, añadido por el Real Decreto 1071/2017, que señala:

"En el caso en que el obligado al pago presente una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una solicitud de suspensión al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de revisión en vía administrativa, aunque sea con carácter subsidiario una respecto de la otra, se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de suspensión."

Para la entidad recurrente, la solicitud de aplazamiento y la solicitud de suspensión no son procedimientos incompatibles entre sí, con base en la LGT, y que cabe solicitar, subsidiariamente, el aplazamiento o fraccionamiento para el supuesto de que la suspensión no sea acordada, a fin de evitar que se incurra en vía ejecutiva.

Para la Administración, por el contrario, las solicitudes sí son incompatibles y lo que la norma hace es dar prioridad a la suspensión, dada su vinculación con la impugnación del acto administrativo y, por ende, con la tutela judicial efectiva.

Ante esta situación, la Sala señala que no se trata tanto de analizar la compatibilidad de ambas instituciones, sino de constatar sí respecto a estos dos derechos del contribuyente (aplazamiento/fraccionamiento, por un lado, y suspensión, por otro lado), reconocidos legalmente, existe impedimento, desde el punto de vista estrictamente normativo, para su ejercicio simultaneo.

Entrando en dicho análisis, el Alto Tribunal señala que, relacionando

ambos preceptos (Art. 65 LGT y Art. 46.8 RGR), el apartado 1 del

artículo 65 LGT habilita al reglamento para regular las condiciones

para obtener un aplazamiento, pero no para regular la inadmisión del

aplazamiento; pues ya en el apartado 2 del artículo 65 LGT se define

una lista cerrada de casos en los que se inadmitirá el aplazamiento

deudas tributarias no susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento.

En conclusión........

La modificación del apartado 8 del artículo 46 RGR crea un nuevo

supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o

fraccionamiento no contemplado en la ley general tributaria, lo

que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, pues

conforme a la LGT, serán aplzables o fraccionables todas las

deudad tributarias y demás de naturaleza pública, salvo las

expeciones previstas en las leyes; y el RGR no es una ley.

Además, el Tribunal Supremo señala que el apartado 8 del artículo 46

RGR no pospone la tramitación y resolución del aplazamiento hasta

que resuelva la petición de suspensión, sino que determina

directamente su archivo; por lo que la Sala considera que el apartado 8

del artículo 46 RGR debe ser anulado.

En definitiva...

A partir de esta sentencia, el contribuyente puede solicitar

simultáneamente la suspensión de la deuda tributaria y el

aplazamiento o fraccionamento de la misma, si prevé que la

suspensión puede no ser estimada porque, según el Tribunal

Supremo, la LGT no impide el ejercicio simultáneo de ambas

solicitudes, evitando así que, si la suspensión es denegada, la

deuda entre directamente en periodo ejecutivo, con el recargo

que ello lleva aparejado.

           Podríamos comenzar diciendo que "se han hecho de rogar", pero ya

           han sido publicadas las Resoluciones para la aprobación de los nuevos

           modelos para la presentación y depósito en el Registro Mercantil de

           las cuentas anuales del ejercicio 2018. Para este ejercicio, la Dirección

           General de los Registros y del Notariado ha emitido dos Resoluciones,

            publicadas con fecha 24 de Mayo de 2019 en el Boletín Oficial del

            Estado (BOE):

·         Resolución de 22 de mayo de 2019, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

·         Resolución de 22 de mayo de 2019, que modifica la Orden ya existente (Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo) por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

             A lo largo del año 2018 no se han producido cambios normativos contables que afecten a                 los modelos para el depósito de las cuentas, por lo que las modificaciones producidas en                   los modelos normalizados son puntuales, aunque existen y habremos de adaptarnos y                       tenerlos en cuenta para su presentación. Así podríamos distinguir:

Cuentas anuales pymes

La principal, y podríamos decir prácticamente única, novedad que

podemos encontrar en estos modelos resulta de la modificación de

uno de los estados financieros a presentar: la MEMORIA. En

concreto será en el cuadro normalizado del apartado 5 de la

memoria, dedicado a los Activos Financieros, el que sufra tal

modificación. En concreto:

“(...)  En el anexo I de la Orden JUS/319/2018, de 21 de març, se elimina

del  apartado 5.b) del cuadro de la memoria MPa5 <<Activos financieros>>

del modelo normalizado  de PYMES, las columnas de la categoría de

<<Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganacias>>,

la de <<Activos disponibles para la venta>>  y la de <<Total>> (..)

                De esta forma el apartado 5.b) de la memoria PYME se limitaría

a reflejar la posible calificación de estos activos como mantenidos

para la venta.

Si nos damos cuenta, la modificación tiene como finalidad un error

que ha permanecido por un año (desde la publicación de la Orden

JUS/319/2018), pues como todos nuestros lectores conocen entre

las categorías en las que pueden clasificarse los activos financieros,

dentro del Plan General de Contabilidad Pyme, no se incluyen los

activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ni

los activos disponibles para la venta; estas clasificaciones

solamente pueden ser utilizadas cuando nuestra entidad utiliza

como herramienta de registro contable el Plan General contable

normal

Cuentas anuales consolidadas

               Las empresas obligadas a elaborar y presentar un Estado de

               Información No Financiera (EFN) tendrán la posibilidad de hacerlo

               como estado separado, o bien formando parte del informe de gestión.

               En este sentido, para habilitar esta posibilidad, ha sido modificada la

               página de presentación de las Cuentas Anuales.

               Recordemos que este Estado deberán elaborarlo y presentarlo las grandes

               empresas y determinados grupos denominados Entidades de Interés Público

               que formulen cuentas consolidadas y que reúnan los siguientes requisitos:

·         Tengan más de 500 trabajadores empleados.

·  Tengan unos activos de 20 millones de euros, que el importe de la cifra anual

   de negocios consolidada supere los 40 millones de euros o que el número

   medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Comenzamos la campaña de renta del presente ejercicio económico realizando un comentario al respecto de las posibilidades o actuaciones que puede realizar un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuando observa que en los datos fiscales suministrados por la Agencia Tributaria (AEAT) o borrador de renta, aparecen informaciones erróneas que pudieran minorar su derecho a devolución o bien o perjudicar sus intereses.

En el presente comentario, íntimamente relacionado con el antes referido, "nos hacemos eco" de la reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), al respecto de la posibilidad de sancionar (por la AEAT) a contribuyentes que no hayan incluido en su declaración (IRPF), rentas obtenidas y que no figuran entre los datos fiscales facilicitados por la propia AEAT (o incluidos en su borrador).

En esta Resolución el TEAC resuelve un recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio frente a Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (corrigiéndolo) de fecha 23/02/2018 y donde unifica criterio en el siguiente sentido:

"(...) En los supuestos en los que se presente la declaración del IRPF de conformidad con una información errónea o no completa suministrada por la AEAT en los datos fiscales, es posible que se produzca una infracción tributaria si existe culpabilidad del contribuyente (...)."

Hemos de tener en cuenta que el borrador de la Renta es una propuesta de declaración que presenta la Agencia Tributaria, obtenido a partir de los datos fiscales que tiene disponibles y que ha recibido de terceros; "no tenemos porque confiarnos con que todo está bien", tanto si nos favorece como si nos perjudica.

Afirma el TEAC que el hecho de que un contribuyente haya declarado y autoliquidado el I.R.P.F. en base a los datos o el borrador facilitados por la A.E.A.T, no será nunca una causa exculpatoria per se de las infracciones que haya podido cometer como consecuencia de esa omisión de rentas, si se aprecia culpabilidad en su conducta.

Esto es así pues el posicionamiento del TEAC está referido a un caso donde una persona omite determinados rendimientos del trabajo por el mero hecho de que no aparecen en su borrador o datos fiscales, entendiendo el Tribunal que:

(...) una máxima de experiencia y de sentido común, nos dice que en la generalidad de los casos, los contribuyentes son los que mejor saben las rentas que efectivamente obtienen, tanto si esas rentas son exiguas, porque el que tiene una o pocas rentas y de importe menguado, es ése un tema que le preocupa, cómo el que tiene muchas y/o muy importantes, porque en tal caso dispone de medios para controlarlas adecuadamente (...).

De esta forma el Tribunal entiende que si un contribuyente consulta sus datos fiscales o borrador de renta en un período determinado, y se percata de que hay rentas obtenidas por él en ese periodo, pero que no están en la información que la Administración le ha facilitado, a la hora de declarar y autoliquidar el Impuesto, lo que ha de hacer es incluir también en su declaración-autoliquidación esas rentas que la Administración desconoce o simplemente no ha relacionado entre la información facilitada.

No hacerlo implicaría estar incentivando no declarar esas rentas -no conocidas por la Administración- y esperar a ver que ocurre, es decir, que la Administración tributaria "se diese cuenta", sabiendo que en ningún caso iban a ser sancionados por ello.

Así, tal y como hemos establecido al inicio de este comentario, si la Administración entiende que existe culpabilidad por el contribuyente al no declarar rentas que conocía (con independencia de que figurasen o no en los datos fiscales o borrador facilitados por la AEAT), es posible que se produzca una infracción tributaria y la correspondiente sanción.  

Que pasa si el contribuent no rep cap carta d'hisenda malgrat haver operat amb criptomonedes durant l'exercici passat?

El més aconsellable és declarar igualment les operacions fetes i els beneficis obtinguts. D'aquesta manera es tributarà en forma i termini i s'evitaran recàrrecs i sancions.

La mateixa recomenació serveix si les operacions van ser en anys anteriors i tampoc s'ha rebut cap requeriment previ de l'administració havent de presentar en aquest cas una declaració complementària extemporània que comportarà un recàrrec del 5% al 20% en funció de la demora en la seva presentació.

Possibles sancions

Hisenda té fins a quatre anys per comprovar i fer inspeccions, de manera que si es rep comunicació d'inici d'actuacions inspectores abans que prescrigui l'impost , no només s'haurà d'abonar el que no es va ingressar en el seu dia, sinó que també portarà una sanció tributària que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% del que s'ha deixat d'ingressar en funció de la qualificació  de la infraciió.

Es pot advertir que, en aplicació de l'última modificació de la directiva europea contra el blanqueig de diners, molt aviat els proveïdors de serveis de canvi de criptomonedesi de custodia de moneders o wallets estaran obligats  a informar a l'agencia tributària sobre les operacions realitzades pels seus clients sense necessitat de requeriment previ, igual com ja ho fan els mitjancers finanacers, els bancs i els notaris respecte de les operacoins amb monedes de curs legal. Per tot això val més no jugar-se-la i passar per Hisenda abans que sigui massa tard.

El próximo 12 de Mayo de 2019 entra en vigor la obligación de llevar a cabo el registro diario de la jornada de todos los trabajadores.

Esta obligación ha sido introducida por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que modifica el Artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a explicar en sencillos pasos cómo se realiza dicho registro.

¿Qué debo tener en cuenta al hacer este registro?

• En primer lugar, sepa que sigue siendo obligatorio registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial; por lo que dicho registro debe realizarse como se venía haciendo hasta ahora, y debe entregarse copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

• En segundo lugar, también se tiene que registrar, desde el día 12 de Mayo de 2019, diariamente la jornada de todos los trabajadores a jornada completa, reflejando el inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora.

• En tercer lugar, el Estatuto de los Trabajadores no establece que deba utilizarse ningún mecanismo o dispositivo concreto para llevar a cabo este registro; pero sí señala que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa podrá establecerse cómo se organiza y documenta este registro; por lo que habrá que estar a lo que los distintos convenios que se aprueben o modifiquen a partir de ahora establezcan en este sentido.

         No obstante, el Estatuto de los Trabajadores señala que, si no se dice nada en el                      convenio colectivo ni se alcanza un acuerdo de empresa, el empresario decidirá,                        previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa,

        cómo se organiza y documenta este registro de jornada.

• En cuarto lugar, al igual que ocurre con los trabajadores a tiempo parcial, la empresa está obligada a conservar los registros de jornada durante cuatro años, pero, a diferencia de lo que expresamente se establece para los contratos a tiempo parcial, no se establece que se tenga que entregar copia al trabajador junto con su nómina, sino tan solo que los registros permanezcan a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• En quinto lugar, no puede olvidarse que, conforme al Artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo antes citada, existe también obligación de llevar registro de las horas extras que se realicen; de totalizarlas mensualmente y de entregar copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas extras realizadas en cada mes.

Este 2 de abril comenzó la campaña de la Renta 2018, que se alargará hasta el 1 de julio, y que presente como principales novedades el nuevo umbral, la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad o las mayores deducciones por guardería

¿Qué ocurre con las prestaciones por maternidad y paternidad?

Tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre, las prestaciones por maternidad y paternidad están exentas de tributación. Por lo tanto, no sólo no se deben incluir en la declaración de la renta sino que se pueden reclamar siempre que hayan sido abonadas en los años que no han prescrito fiscalmente.

¿Y con las deducciones por guardería?

Las madres trabajadoras podrán deducirse hasta 1.000 euros por gastos de guardería. Los requisitos que deben cumplir para ello: tener hijos menores de tres años a su cargo y realizar alguna actividad. Esto quiere decir que las mujeres que están en paro no podrán beneficiarse de este ventaja fiscal. Por otra parte, se ha producido una ampliación de la deducción por familia numerosa, hasta 600 euros anuales, por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos, es decir, a partir del cuarto.

La Agencia Tributaria ya había advertido en los últimos ejercicios que los pisos de alquiler y, en concreto, los que se alquilan a través de plataformas como Airbnb, eran uno de sus principales objetivos de actividad inspectora. Y los datos que hoy se han conocido así lo corroboran.

Tal y como ha explicado el director del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Gonzalo García de Castro, la Agencia ha enviado 700.000 avisos a dueños de pisos en alquiler para transmitirles que Hacienda sabe que tiene un ingreso por esta vía y que están en la obligación de declararlo en la Renta de 2018.

El dato casi triplica los cerca 250.000 avisos que se realizaron durante la Renta de 2017, un aumento en el que, a pesar de que no se han ofrecido cifras detalladas, los pisos alquilados a través de las señaladas plataformas tienen un peso importante.

Además, el organismo dirigido por Jesús Gascón ha remitido 14.700 avisos a contribuyentes que han realizado operaciones con criptomonedas, algo que nunca había ocurrido hasta ahora que se ha llevado a cabo a partir de la información procedente de la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF), y a más de dos millones de personas que tienen cuentas en otros países.

Esta última actividad es resultado directo del intercambio enmarcado en el programa Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y se trata, según el máximo dirigente de la Agencia, de un "proceso internacional imparable" que "va a seguir creciendo".

Per demanda dels nostres clients, necessitem amb urgència cases i pisos de lloguer per la zona d'Arenys de Munt i Arenys de Mar.

Interessats trucar al telèfon 937951490.

Salutacions.

El passat 8 de març es va aprovar el RD 8/2019 de mesures urgents de protecció social i contra la precarietat laboral.

En síntesis, el que destaquem per sobre de totes les mesures és el restabliment del control horari per a tots els treballadors, ja siguin a temps complert com a temps parcial, d’aquesta manera, les empreses tenen dos mesos per adaptar-se a la nova normativa, i establir un sistema de control horari per a tots els treballadors, ja sigui mitjançant tecnologies de la informació com sistemes manuals. Per tant, encomanem des d’aquest despatx a la instauració, a totes les empreses amb treballadors, d’un sistema de control horari per a tots els seus treballadors donat que és obligatori per normativa legal. Aquests registres horaris s’hauran de conservar durant 4 anys.

En segon terme, també volem destacar l’ampliació progressiva del permís de paternitat, que a partir de l'1 d’abril, s’ampliarà de 5 a 8 setmanes, ampliant-se progressivament a 12 setmanes el 2020 i fins a les 16 setmanes l’any 2021.

Per a més informació, poden contactar amb el nostre despatx al telèfon 93 7951490.

 ¿Un autónomo económicamente dependiente es siempre un falso autónomo?                                                                                                         

Los falsos autónomos siguen dando mucho que hablar. Cada vez son más las ofertas de trabajo que ocultan un contrato mercantil bajo la apariencia de un puesto de trabajo aparentemente laboral. Hace tiempo que la Seguridad Social ha puesto la lupa en este tipo de trabajadores con el fin de evitar fraudes por parte de los empresarios.

Sin embargo, no todos los autónomos que trabajan para una única empresa tienen por qué ser falsos autónomos. Existe una figura, la del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), que en muchas ocasiones tiene las mismas responsabilidades que un asalariado, pero con diferentes derechos, y que muvhas veces se confude con la del falso autónomo. Pero ¿deberían considerarse también como tales? La respuesta es no

El trade es un figura legal

Según el Estatuto de los Trabajadores, un TRADE es «aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales».

Es decir, se trata de una figura totalmente legal y tipificada en la Ley para un tipo concreto de trabajador que, además, disfruta de una serie de ventajas especiales respecto al resto del colectivo, como el derecho a 18 días de vacaciones al año, una indemnización en caso de que el cliente rompa el contrato o la posibilidad de firmar Acuerdos de Interés Profesional, entre otras muchas cosas.

 El falso autónomo, una figura ilegal y perseguida

El caso del falso autónomo es diferente al del TRADE. A pesar de parecer un autónomo normal, su actividad se desarrolla bajo las condiciones de un trabajador por cuenta ajena. Es decir, a diferencia del TRADE, trabaja con las mismas condiciones y requisitos que un trabajador por cuenta ajena, pero con los derechos y obligaciones de un trabajador por cuenta propia. En este caso, ni siquiera puede disfrutar de las ventajas de un TRADE, pues no reúne las condiciones para darse de alta con estas condiciones. Es decir, la empresa comete un fraude tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.

1. Cobertura obligatoria de las contingencias hasta ahora voluntarias.

Las contingencias, hasta ahora voluntarias, son los sucesos que durante el desarrollo de una actividad laboral, producen alteraciones de la salud. Estos tienen la consideración de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.

Así pues, debemos hablar sobre la cotización, un factor muy importante en estos caso. Te lo explico a continuació.

Los tipos de cotización quedarían de la siguiente forma, aplicándose de manera escalonada (textual según el acuerdo):   

• En 2019 las contingencias profesionales tendrían un tipo del 0,9% y el cese de actividad del 0,7% (30%).
• En 2020 las contingencias profesionales tendrían un tipo del 1,1% y el cese de actividad del 0,8 (30,3%).
• En 2021 las contingencias profesionales tendrán un tipo del 1,3% y el cese de actividad del 0,9% (30,6%).
• En 2022 el tipo será el fijado definitivamente.

ENTRE LAS MEJORAS CONSEGUIDAS DESTACAN:

A. Todos los autónomos estarán cotizando por contingencias profesionales y se aumentará la cuantía de estas. 

B. A partir del segundo mes de estar cobrando la prestación por incapacidad temporal, dejarás de pagar la cuota de autónomos. Una vez la has dejado de pagar, pasa a ocuparse, de las cuotas, la Seguridad Social. El concepto es por cese de la actividad.

C.Todos los autónomos estarán cotizando por la prestación de cese de actividad, aumentándose el tiempo que puede recibirse y simplificándose los trámites para su gestión.

D. El gobierno se compromete a elaborar un documento que deje claro cómo será el trámite para poder acceder a esta prestación.

E. Las Mutuas realizarán más programas de formación para los trabajadores autónomos.

2.Subida de bases de cotización

Este es uno de los puntos con más rifirrafes y el que ha hecho que algunas asociaciones se hayan descolgado de las negociaciones.

Para estas asociaciones se debería haber firmado ya un acuerdo para cotizar en función de los ingresos.

El gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto, en este sentido, para finales de este año. También se ha comprometido a elaborar medidas de protección para aquellos trabajadores autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional.

El acuerdo recoge una subida en las bases de cotización de un 1,25%.

3.Tarifas planas

Se establece la tarifa plana para el régimen especial de trabajadores autónomos en 60 euros, que incluye tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

Una vez transcurrido el primer año, el gobierno comprobará si el autónomo sigue ejerciendo la actividad por la cual se dio de alta y si es así, podrá alargar la ayuda un año más.

También se acuerda flexibilizar las condiciones para acceder a la tarifa plana para aquellas mujeres que se incorporan a la actividad laboral tras haber sido madres y que hubieran parado su actividad debido a su maternidad.

4.Procedimiento de baja de oficio a los afiliados que entren en situación de impago

Se abre la puerta a establecer un procedimiento para que los trabajadores con varias cuotas impagadas sean dados de baja del sistema RETA.

Todavía no se dice cómo se hará exactamente, pero es algo importante. Es así ya que no son muchos los autónomos que dejan de cotizar pensando se están dando de baja y acaban acumulando grandes deudas con la Seguridad Social.

En algunos casos, debido a cambios de domicilio, o al cierre de comercios, las personas no son conscientes de la deuda hasta que reciben una orden de embargo que puede afectar a sus cuentas e incluso a sus propiedades.

5.SETA

Los trabajadores agrarios por cuenta propia cuentan con un sistema especial que deberá ser simplificado. Además, se trabajará de cara a la igualar las coberturas de todos.

6.Encuadramiento de los autónomos societarios

Aunque no se ha firmado ningún acuerdo, todas las partes han llegado a la misma conclusión: hay que buscar la forma para que todos aquellos autónomos societarios, que así lo deseen, puedan integrarse en el sistema de Seguridad Social.

7.Comunicación de la condición de TRADE

Es obligatorio comunicar, a la Seguridad Social, la condición de TRADE. Se reconoce como TRADE un trabajador autónomo que trabaja exclusivamente para una empresa.

8.Personas con discapacidades en el RETA

A las personas incluidas en el régimen general de autónomos con una discapacidad en grado igual o superior al 33% se le aplicarán las bonificaciones y reducciones. Estas aparecen establecidas en el artículo 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

9.Problemas de encuadramiento

En el acuerdo se recoge textualmente que:

“La Administración propondrá a la Mesa de Diálogo Social un conjunto de medidas tendentes a evitar la deriva por razones fiscales del encuadramiento en el Régimen General hacia el RETA, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”.

Lo que esto se traduce en que la sociedad debe no tender a entrar en el régimen RETA, para garantizar que la Seguridad Social se pueda seguir manteniendo.

Estos son los acuerdos a los que han llegado los representantes de autónomos y el Gobierno de cara al 2019. Mejoras que benefician la situación de los trabajadores por cuenta propia, que, sobre todo, necesitan cambios en el sistema de contingencias.