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Aviso de fraude sobre las implantaciones de Protección de Datos a coste cero.

 

 

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antigua Fundación Tripartita) lleva desde 2010 vigilando de cerca a las empresas que se dedican a ofrecer la implantación de Protección de Datos a "coste cero" mediante subvenciones para la formación en el trabajo, a través de las cuales financian estos servicios con cargo a los créditos asignados para la formación bonificada.

 

El procedimiento que utilizan estas empresas fraudulentas consiste en llamar a las empresas pidiendo por el responsable para alertarlo sobre las posibles multas que comporta el incumplimiento del RGPD. A continuación, le ofrecen cursos a cargo de estos fondos y le obsequian con una presunta consultoría en Protección de Datos, que suele ser incompleta o inexistente. Sin embargo, la empresa víctima del fraude no sabe que en realidad están solicitando crédito a la FUNDAE para destinarlo a una formación que no aprovechará.

 

¿Cómo afecta a las empresas esta práctica fraudulenta?

 

Esta práctica puede conllevar consecuencias para las empresas que reciban estos servicios fraudulentos:

  • Aunque de entrada parece que ofrecen toda la información necesaria para cumplir con la normativa, la mayoría de veces facilitan una serie de cláusulas modelo que el empresario tiene que rellenar y con ello hace que cumpla de forma, pero no de fondo. La protección de datos va más allá, ya que implica crear una cultura de privacidad que comprende desde saber qué datos se tratan en la organización, hasta cómo cumplir con cada una de las garantías y principios que exige la normativa.
  •   El hecho de que una empresa se bonifique por una formación que nunca ha recibido puede conllevar la devolución del dinero bonificado, según las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) l y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • También puede conllevar acciones con la Agencia Tributaria, ya que la formación está exenta de IVA, pero no el servicio de consultoría y asesoría.
  •   Por otra parte, esta acción constituye un fraude por gestión de fondos públicos, donde se perjudica a todos.
  • Hay que tener en cuenta que detrás de un precio bajo encontramos un servicio de consultoría de baja calidad, ya que una buena consultoría requiere un especialista bien formado y experimentado.

 

Aunque el empresario cree que la consultoría es gratuita, en realidad le han quitado la bonificación para formaciones y, por tanto, no podrá llevar a cabo formaciones para sus empleados.

 

En este sentido, la FUNDAE puede informar al SEPE si las bonificaciones aplicadas por las empresas tienen la finalidad expresada, que es la realización de acciones formativas y /o permisos individuales de formación a trabajadores.

 

En octubre del año pasado, la AEPD se reunió con la FUNDAE, SEPE, CNMC, AEAT y IGAE para evaluar, entre otros temas, las implicaciones que puede tener esta mala praxis en ámbitos como la Protección de datos, en materia de defensa de la competencia, en la normativa tributaria y de subvenciones.

 

Con la nueva LOPD-GDD se han modificado determinados artículos de la Ley de competencia desleal para regular las prácticas agresivas que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento de adaptación a “coste cero” con el fin de limitar los asesoramientos de baja calidad en las empresas.

 

Un año después de la entrada en vigor de la RGPD y tras la aplicación de la LOPGD-GDD estas prácticas aún se siguen llevando a cabo, desprestigiando el sector y confundiendo el empresario. Ante un caso de este tipo es importante denunciarlo a las entidades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

La valoración de un Inmueble por la Administración Autonómica tendrá carácter vinculante para la Inspección de Tributos y resto de Administración.

 

 

Pues así es,...., por lo menos así lo entiende el Tribunal Económico

Administrativo Central (TEAC) en su Resolución 03337/2018 de 14 de

mayode 2019; tal y como "reza" el título del presente comentario, el criterio

del TEAC es que si un órgano competente de la Administración tributaria

(Administración Autonómica en este caso) ha comprobado y validado el valor

de un Inmueble a efectos de un determinado tributo, esa valoración previa

tendrá carácter vinculante para el resto de Administraciones competentes

(Inspección de Tributos) en la determinación del valor de ese mismo

inmueble a efectos de otro tributo distinto.

 

En concreto en esta Resolución, un técnico competente de la Junta de

Castilla León realiza la valoración de unos inmuebles a efectos de la

liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones

Patrimoniales Onerosas y con posterioridad, la Inspección de Tributos en un

procedimiento relacionado con la liquidación del Impuesto sobre Sociedades,

sobre estos mismos inmuebles utiliza valoraciones distintas a las realizadas

previamente por la propia Administración autonómica; evidentemente el

contribuyente "recurre".

 

Pues bien, el TEAC presenta su criterio estableciendo que:

 

(...)Siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes adquiridos, comprobado por técnico competente de la Administración Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones patrimoniales Onerosas, vincularía a la Inspección en la determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de determinar en el Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y declarado (...).

 

O dicho en otros términos:

 

La valoración de un bien realizada por una Administración tributaria vincula a todos los efectos a las demás Administraciones competentes (en mayor medida si se trata de impuestos estatales como justifica el TEAC).

 

Para adoptar este criterio, el TEAC se fundamenta en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de enero de 2015 (recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1370/2013), que ya se había pronunciado en esa misma línea Sentencia de 9 de diciembre de 2013, recurso de casación nº 5712/2011, cuando establece que:

 

(...) La Administración, (...) dentro de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió de soporte para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una concreta realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por su actuación anterior, por lo que el "importe real" de una misma operación es un dato objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza vinculante que le otorga la propia actuación administrativa (...).

 

 

¿¿És posible solicitar al mismo tiempo el aplazamiento y la supensión de una dueda tributaria??

 

 

El reglamento general de recaudación ha sido modificado, Uno de los artículos afectados es, por lo que nos interesa en este Comentario, el apartado 8 del artículo 46 del RGR, añadido por el Real Decreto 1071/2017, que señala:

 

"En el caso en que el obligado al pago presente una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una solicitud de suspensión al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de revisión en vía administrativa, aunque sea con carácter subsidiario una respecto de la otra, se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de suspensión."

 

Para la entidad recurrente, la solicitud de aplazamiento y la solicitud de suspensión no son procedimientos incompatibles entre sí, con base en la LGT, y que cabe solicitar, subsidiariamente, el aplazamiento o fraccionamiento para el supuesto de que la suspensión no sea acordada, a fin de evitar que se incurra en vía ejecutiva.

Para la Administración, por el contrario, las solicitudes sí son incompatibles y lo que la norma hace es dar prioridad a la suspensión, dada su vinculación con la impugnación del acto administrativo y, por ende, con la tutela judicial efectiva.

 

Ante esta situación, la Sala señala que no se trata tanto de analizar la compatibilidad de ambas instituciones, sino de constatar sí respecto a estos dos derechos del contribuyente (aplazamiento/fraccionamiento, por un lado, y suspensión, por otro lado), reconocidos legalmente, existe impedimento, desde el punto de vista estrictamente normativo, para su ejercicio simultaneo.

 

Entrando en dicho análisis, el Alto Tribunal señala que, relacionando

ambos preceptos (Art. 65 LGT y Art. 46.8 RGR), el apartado 1 del

artículo 65 LGT habilita al reglamento para regular las condiciones

para obtener un aplazamiento, pero no para regular la inadmisión del

aplazamiento; pues ya en el apartado 2 del artículo 65 LGT se define

una lista cerrada de casos en los que se inadmitirá el aplazamiento

deudas tributarias no susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento.

 

En conclusión........

 

La modificación del apartado 8 del artículo 46 RGR crea un nuevo

supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o

fraccionamiento no contemplado en la ley general tributaria, lo

que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, pues

conforme a la LGT, serán aplzables o fraccionables todas las

deudad tributarias y demás de naturaleza pública, salvo las

expeciones previstas en las leyes; y el RGR no es una ley.

 

Además, el Tribunal Supremo señala que el apartado 8 del artículo 46

RGR no pospone la tramitación y resolución del aplazamiento hasta

que resuelva la petición de suspensión, sino que determina

directamente su archivo; por lo que la Sala considera que el apartado 8

del artículo 46 RGR debe ser anulado.

 

En definitiva...

A partir de esta sentencia, el contribuyente puede solicitar

simultáneamente la suspensión de la deuda tributaria y el

aplazamiento o fraccionamento de la misma, si prevé que la

suspensión puede no ser estimada porque, según el Tribunal

Supremo, la LGT no impide el ejercicio simultáneo de ambas

solicitudes, evitando así que, si la suspensión es denegada, la

deuda entre directamente en periodo ejecutivo, con el recargo

que ello lleva aparejado.


 

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