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Hacienda multiplica por 5 sus avisos por alquileres en "negro" y aflora 122.000 en tres años

 

La Agencia Tributaria multiplicó por cinco los avisos a los contribuyentes arrendadores en la Campaña de la Renta 2017, hasta alcanzar los 700.000 avisos, y ha aflorado rendimientos inmobiliarios de más de 122.000 declarantes de esta partida en tres años, con un aumento de bases imponibles de más de 1.300 millones de euros.

 

 

Así figura en el informe de lucha contra el fraude fiscal referido al ejercicio 2018, que muestra que el año pasado (Campaña de la Renta 2017), hubo un aumento considerable respecto a los dos ejercicios previos los avisos en datos fiscales a los contribuyentes con la consideración de presuntos arrendadores.

 

Hacienda viene realizando estos avisos en los últimos años al tener conocimiento, por ejemplo, de que determinados contribuyentes han anunciado el alquiler de un inmueble en plataformas de alquiler por Internet. De esta forma, la AEAT ha multiplicado por más de cinco los avisos a este colectivo de contribuyentes, al pasar de los 136.600 avisos en la Renta de 2016 a generar casi 700.000 mensajes en la Renta de 2017, realizada el año pasado.

 

 

Asimismo, los datos actualizados sobre el impacto de estas campañas de avisos para aflorar rendimientos inmobiliarios permiten estimar un aumento de más de 122.000 declarantes de esta partida, el 30,8% del incremento total de declarantes de rendimientos de capital inmobiliario desde 2014.

 

Como consecuencia, se ha registrado una mayor base imponible declarada por importe de 1.346 millones, lo que explicaría el 57,6% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo.

 

Las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico comenzaron a suministrar desde el pasado mes de enero a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad, como información de los anfitriones y detalles de sus anuncios, que incluyen el nombre y la dirección, y sus transacciones desde 2018, tras la entrada en vigor de la obligación de que compartan los datos de las reservas de los anfitriones.

 

El Ministerio de Hacienda dio más margen a las plataformas como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba para suministrar los datos fiscales, con una presentación "excepcional" de carácter anual para 2018, pero trimestral para el resto de ejercicios.

 

Por consiguiente, debe presentarse en relación con las operaciones realizadas en cada trimestre natural, en el plazo comprendido entre el primer y el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre a que se refiera la declaración. 

 

 

Esta obligación conllevó la entrada en funcionamiento el modelo 179 de 'Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines turísticos'.

Aviso de fraude sobre las implantaciones de Protección de Datos a coste cero.

 

 

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antigua Fundación Tripartita) lleva desde 2010 vigilando de cerca a las empresas que se dedican a ofrecer la implantación de Protección de Datos a "coste cero" mediante subvenciones para la formación en el trabajo, a través de las cuales financian estos servicios con cargo a los créditos asignados para la formación bonificada.

 

El procedimiento que utilizan estas empresas fraudulentas consiste en llamar a las empresas pidiendo por el responsable para alertarlo sobre las posibles multas que comporta el incumplimiento del RGPD. A continuación, le ofrecen cursos a cargo de estos fondos y le obsequian con una presunta consultoría en Protección de Datos, que suele ser incompleta o inexistente. Sin embargo, la empresa víctima del fraude no sabe que en realidad están solicitando crédito a la FUNDAE para destinarlo a una formación que no aprovechará.

 

¿Cómo afecta a las empresas esta práctica fraudulenta?

 

Esta práctica puede conllevar consecuencias para las empresas que reciban estos servicios fraudulentos:

  • Aunque de entrada parece que ofrecen toda la información necesaria para cumplir con la normativa, la mayoría de veces facilitan una serie de cláusulas modelo que el empresario tiene que rellenar y con ello hace que cumpla de forma, pero no de fondo. La protección de datos va más allá, ya que implica crear una cultura de privacidad que comprende desde saber qué datos se tratan en la organización, hasta cómo cumplir con cada una de las garantías y principios que exige la normativa.
  •   El hecho de que una empresa se bonifique por una formación que nunca ha recibido puede conllevar la devolución del dinero bonificado, según las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) l y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • También puede conllevar acciones con la Agencia Tributaria, ya que la formación está exenta de IVA, pero no el servicio de consultoría y asesoría.
  •   Por otra parte, esta acción constituye un fraude por gestión de fondos públicos, donde se perjudica a todos.
  • Hay que tener en cuenta que detrás de un precio bajo encontramos un servicio de consultoría de baja calidad, ya que una buena consultoría requiere un especialista bien formado y experimentado.

 

Aunque el empresario cree que la consultoría es gratuita, en realidad le han quitado la bonificación para formaciones y, por tanto, no podrá llevar a cabo formaciones para sus empleados.

 

En este sentido, la FUNDAE puede informar al SEPE si las bonificaciones aplicadas por las empresas tienen la finalidad expresada, que es la realización de acciones formativas y /o permisos individuales de formación a trabajadores.

 

En octubre del año pasado, la AEPD se reunió con la FUNDAE, SEPE, CNMC, AEAT y IGAE para evaluar, entre otros temas, las implicaciones que puede tener esta mala praxis en ámbitos como la Protección de datos, en materia de defensa de la competencia, en la normativa tributaria y de subvenciones.

 

Con la nueva LOPD-GDD se han modificado determinados artículos de la Ley de competencia desleal para regular las prácticas agresivas que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento de adaptación a “coste cero” con el fin de limitar los asesoramientos de baja calidad en las empresas.

 

Un año después de la entrada en vigor de la RGPD y tras la aplicación de la LOPGD-GDD estas prácticas aún se siguen llevando a cabo, desprestigiando el sector y confundiendo el empresario. Ante un caso de este tipo es importante denunciarlo a las entidades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

La valoración de un Inmueble por la Administración Autonómica tendrá carácter vinculante para la Inspección de Tributos y resto de Administración.

 

 

Pues así es,...., por lo menos así lo entiende el Tribunal Económico

Administrativo Central (TEAC) en su Resolución 03337/2018 de 14 de

mayode 2019; tal y como "reza" el título del presente comentario, el criterio

del TEAC es que si un órgano competente de la Administración tributaria

(Administración Autonómica en este caso) ha comprobado y validado el valor

de un Inmueble a efectos de un determinado tributo, esa valoración previa

tendrá carácter vinculante para el resto de Administraciones competentes

(Inspección de Tributos) en la determinación del valor de ese mismo

inmueble a efectos de otro tributo distinto.

 

En concreto en esta Resolución, un técnico competente de la Junta de

Castilla León realiza la valoración de unos inmuebles a efectos de la

liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones

Patrimoniales Onerosas y con posterioridad, la Inspección de Tributos en un

procedimiento relacionado con la liquidación del Impuesto sobre Sociedades,

sobre estos mismos inmuebles utiliza valoraciones distintas a las realizadas

previamente por la propia Administración autonómica; evidentemente el

contribuyente "recurre".

 

Pues bien, el TEAC presenta su criterio estableciendo que:

 

(...)Siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes adquiridos, comprobado por técnico competente de la Administración Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones patrimoniales Onerosas, vincularía a la Inspección en la determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de determinar en el Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y declarado (...).

 

O dicho en otros términos:

 

La valoración de un bien realizada por una Administración tributaria vincula a todos los efectos a las demás Administraciones competentes (en mayor medida si se trata de impuestos estatales como justifica el TEAC).

 

Para adoptar este criterio, el TEAC se fundamenta en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de enero de 2015 (recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1370/2013), que ya se había pronunciado en esa misma línea Sentencia de 9 de diciembre de 2013, recurso de casación nº 5712/2011, cuando establece que:

 

(...) La Administración, (...) dentro de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió de soporte para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una concreta realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por su actuación anterior, por lo que el "importe real" de una misma operación es un dato objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza vinculante que le otorga la propia actuación administrativa (...).

 

 


 

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